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Preguntas frecuentes 2017-09-05T02:22:08+00:00

El período del impuesto es de 1 año, el cual se cuenta a partir del primero de octubre de cada año hasta el 30 de setiembre del año siguiente. Sí se puede solicitar un período fiscal especial, solo en casos muy calificados, ya sea por solicitud del contribuyente o por interés de la misma Administración. Regulado en el artículo 4 En la resolución para el cambio del periodo fiscal 16-97 de la Dirección general de Tributación en el artículo primero se establecen los supuestos especiales bajo los cuales se permite solicitar un periodo fiscal distinto al ya establecido por ley.

Para cambiar al periodo fiscal ya establecido en CR, a un periodo fiscal calendario (del 1 de enero al 30 de diciembre) se deben presentar los siguientes requisitos establecidos en la resolución DGT-R-27-2015:

  • Formulario D-140 ¨declaración de modificación de datos en el registro de contribuyentes¨ Firmado.
  • Una nota donde se explique la situación especial en que se encuentre el contribuyente.

Esta situación especial debe encajar en la lista taxativa establecida en la misma resolución que las cuales son:

  1. Que sean instituciones o empresas del Sector Público obligadas a fijar el periodo de vigencia presupuestaria entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año.
  2. Que sea una compañía aérea nacional o una empresa vinculada por administración, posesión del patrimonio o relación comercial de bienes o servicios con otra de este tipo.
  3. Que se trate de una entidad comprendida en alguno de los incisos b), c), ch) y d) del artículo 3° de la Ley del Impuesto sobre la Renta N07092, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, y que en razón de las leyes que las rigen deban efectuar los cierres económicos de conformidad con el año natural
  4. Que sea una mutual de ahorro y préstamo autorizada por el Banco Hipotecario de la Vivienda para operar dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
  5. Que se dedique al mercado financiero y bursátil.
  6. Que se dedique al cultivo del banano o a sus actividades correlacionadas.
  7. Que se dedique a la siembra o a la industrialización del arroz en granza.
  8. Que sea una subsidiaria de una casa matriz extranjera domiciliada en Costa Rica o una compañía vinculada que esté sujeta a un período fiscal diferente al establecido ordinariamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso debe presentarse una certificación de la casa matriz indicando el periodo fiscal, y tiene que venir apostillada o legalizada.
    • Autorización para la persona encargada de hacer el trámite firmada por el representante legal de la empresa.
    • Demostrar en el momento que la Administración lo requiera que pertenecen a una de las ramas de actividad o que se encuentra en una de las situaciones especiales indicadas, el contribuyente podrá aportar una certificación sobre la actividad que desarrolla o la situación especial de que se trate, emanada por el órgano o profesional competente para ello. Siempre en caso de requerimiento de la AT.

El artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece una multa del 50% del salario base cuando existe un deber de declarar autónomo al pago del impuesto, es decir cuando se debe declarar aunque por una suerte de exención o pérdida del periodo fiscal específico no deba pagarse el impuesto respectivo.

En el caso de la omisión de la declaración que infiere el no pago de impuesto, el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece una sanción del 50% sobre el impuesto determinado. Sin embargo en caso de de subsanar el incumplimiento sin que medie ninguna acción de la Administración Tributaria, es posible aplicar una reducción hasta del 80% del monto de la sanción.

En el artículo 83 del Código de Normas y procedimientos Tributarios encontramos la sanción aplicable en casos donde el contribuyente presente tarde una declaración informativa.

  1. Una sanción equivalente a dos salarios base cuando se incumpla la obligación de brindar información dentro del plazo que determina la ley, el reglamento o bien la Administración Tributaria.
  2. Sanción de un salario base cuando la información se presente con errores de contenido o no corresponda con lo solicitado por la Administración Tributaria.

El artículo 80 bis del Código de Normas y Procedimiento Tributario establece una sanción el 1% por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el momento que debió pagarse el monto auto determinado en la declaración hasta la fecha del pago efectivo. Esta sanción se calcula sobre la cifra por pagar hasta un máximo del 20%.

Las sanciones se autoliquidan mediante el formulario 116 que encontramos en el programa “EDDIE 7”, el cual debe descargarse en la página web del Ministerio de Hacienda.

Según la interpretación Administración Tributaria (DGT 1106-2004), es posible facturar en dólares, siempre que en la misma factura se señale el monto equivalente en moneda nacional, aplicando el tipo de cambio compra determinado por el Banco Central de Costa Rica.

Los requisitos son los siguientes:

  • Corresponde al documento DIMEX (documento de identificación de migración y extranjería) o en su defecto el original y copia del documento emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería donde conste que esta en trámite con su número de expediente, debiendo exhibir la cédula de residencia o pasaporte. Todos los documentos mencionados deben estar vigentes y en buen estado.
  • Además debe presentar el formulario D-140 versión 1-2015.
  • un recibo de electricidad donde se indique la dirección del domicilio del contribuyente.
  • Si el trámite es realizado por un tercero se debe presentar la declaración D-140 firmada y debidamente autenticada por un abogado.
  • Si el trámite es realizado por un tercero también deberá presentar la autorización correspondiente o un poder especial o especialísimo donde se indique que actos tributarios específicos puede realizar.

El plazo de prescripción regulado en el artículo 51 del CNPT para la determinación y pago del Tributo es de 4 años contados a partir del primero de enero de año siguiente a aquel en el que tributo debió pagarse.

En el caso de que el contribuyente no haya presentado la declaración jurada, las presentara de forma fraudulenta o no se encuentre inscrito ante la Administración Tributaria, el plazo de prescripción ascenderá a 10 años. El plazo de prescripción para la aplicación de sanciones es de 4 años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción. Es importante tener en cuenta que la prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones que se presumen, y el nuevo término comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que la respectiva resolución quede en firme. Además, el cómputo de la prescripción de la acción para aplicar sanciones se suspende por la interposición de la denuncia de presuntos delitos de defraudación o retención, percepción o cobro indebido de impuestos, lo anterior se establece en los artículos 92 y 93 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Es importante acotar que esto aplica para los periodos fiscales posteriores al año 2012 en el que se reformó el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para los periodos fiscales anteriores a la reforma legal, el plazo de prescripción es de 3 años, y en caso de no encontrarse inscrito, presentar fraudulentamente las declaraciones, o no presentarlas este plazo se extiende hasta 5 años, este mismo artículo contemplaba un plazo de 4 años para la aplicación de sanciones.

El contribuyente tiene un plazo de 10 días para actualizar los datos en la Administración Tributaria, es decir, para presentar el formulario de modificación de datos (D-140) de no hacerlo tendrá que pagar y liquidar una sanción equivalente al 50% de un salario base de ₵424 200 (por cada mes o fracción de mes. El respectivo fundamento legal lo encontramos en el artículo 20 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos tributarios.

Para averiguar los saldos pendientes que pueda tener el contribuyente con el fisco debe presentarse ante la Administración Tributaria, en el área de plataforma de servicios, portando la cédula de identidad, Dimex o bien el pasaporte y solicitar dicha información, los documentos anteriormente mencionados deben de estar vigentes y en buen estado. En caso de que el trámite lo realice un tercero, este debe presentarse en la oficina de la Administración Tributaria Territorial correspondiente con una autorización firmada por el representante legal de la empresa y autenticada por un abogado. La persona que realice el trámite debe portar su cédula de identidad.

Si, en Costa Rica los Precios de Transferencia se encuentran regulados por el Reglamento de Precios de Transferencia vigente desde el 2013.

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Sí se puede solicitar ante la Administración Tributaria extensión del plazo para presentar la declaración, siempre y cuando la deuda no este vencida. Esta figura corresponde al aplazamiento del pago de las deudas tributarias, siempre que la situación económico-financiera del deudor, debidamente comprobada, le impida de manera transitoria hacer frente al pago a tiempo. La fundamentación la encontramos en el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por otro lado, si el contribuyente no presenta la declaración a tiempo, es decir ya venció la deuda, no podrá solicitar una extensión del plazo para pagar ante la Administración Tributaria.

Se declararon inconstitucionales los artículos 144 y 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, los cuales habían sido reformados mediante la Ley 9069, así como el artículo 182 del Reglamento de Procedimiento Tributarios. Esta sentencia de la Sala Constitucional revivió la normativa anterior, pero dejó vigente el artículo 145, relativo a los recursos de revocatoria y apelación.

El Fraude de ley se basa en controversias sobre el uso, aplicación e interpretación de las normas jurídicas por lo que basado en una aplicación razonable, si la Dirección General de Tributación ajusta un tributo, no debería de haber sanción; por otro lado, la simulación es utilizar figuras artificiosas, omisas o alteradas con lo que esto sí llevaría a una sanción, según se clasifican en leves, graves y muy graves.

En particular el Ministerio de Hacienda calificó en su consulta el caso de las cooperativas como una no sujeción. Esto a partir suponemos del título del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este sentido, se preguntó si la esa norma cubría las actividades de las cooperativas que no estaban incluidas en su acta constitutiva. La respuesta de la PGR parte de indicar que las cooperativas desarrollan actividades ajenas a su finalidad, las cuales estarían gravadas en el Impuesto sobre la Renta. Consideramos que esta postura de la PGR, con todo respeto, parte de algunas imprecisiones conceptuales. Por ejemplo, véase como se habla de que las cooperativas gozan de una no sujeción, cuando en realidad estamos en presencia de una exención.

– Tenemos el artículo 57 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que indica la metodología para la determinación de la base imponible

– Entonces para el cálculo debemos partir de lo que se conoce como la utilidad contable. Esa utilidad en principio debería estar preparada con base en las NIIFs, tal y como lo indica el artículo 57 indicado. Es importante mencionar que también todas las transacciones que no tengan incidencia tributaria, por ejemplo un superavit por revaluación de activos, debe revelarse en el balance general, si este claro está fue en reconocimiento de la NIC 16.

Lo lógico es que únicamente se incluya lo que es propio, no lo ajeno, pero en eso la DGT insiste en incluir todo, como es el caso de una central de medios y servicio de intermediación publicitaria (DGT-1446-2015). Pero hay sentencias judiciales recientes en que se entiende, por ejemplo, que un beneficio solo debe reportar como ingreso bruto el porcentaje legal que le corresponde pese a que factura la totalidad del precio del café, en que la mayor parte es del productor.(sentencia 104-2015 del Tribunal Contencioso Sección VIII

Ambos tratan sobre los lineamientos a seguir en el procedimiento determinativo en el contexto del voto de la Sala Constitucional 2016-012496. La directriz tiene como propósito regular el procedimiento que deben seguir los funcionarios de la administración en los procesos determinativos de oficio, hasta tanto no se cuente con la sentencia completa dictada por la Sala Constitucional para conocer sus alcances. Con el nuevo procedimiento se amplían los plazos a favor del sujeto pasivo.

Los casos que habían quedado listos para el acto de liquidación de oficio echan ahora para atrás. La Administración anuncia que reanuda actuaciones y luego notifica el traslado de cargos.

– En el caso de la resolución sancionadora, según la instrucción 12 2016 se emite una vez que se haya notificado la resolución determinativa, es decir, que no se establece el anterior traslado de cargos sancionador. La discusión del tema sancionador en etapa preparatoria se da solamente en los 10 días para alegar contra la propuesta de resolución sancionadora

– Recordemos que la sanción solo debe aplicarse cuando hay dolo o negligencia. Si lo que hay es una discrepancia jurídica razonable, no debería haber sanción. La materia tributaria es muy polémica. Esto da pie al error de prohibición o de derecho, que no es lo mismo que la ignorancia de la ley. La Sala Constitucional desde la sentencia 3929-95 dijo que esta causa eximente era aplicable en materia de sanciones tributarias.

Si bien hay una reticencia a reconocer esta eximente, hay un número de casos en que se ha aplicado. Por ejemplo, cuando la propia Dirección General de Tributación indujo a error a los bancos sobre la forma de asignar gastos deducibles y no deducibles, siendo que luego la Dirección cambia de criterio y practica ajustes determinativos a los bancos, se les eximió de sanción. Y también de intereses (hubo condonación) porque fue producto de un error de la Administración el cómputo de intereses (art. 57 CNPT). Otros casos en que el Tribunal Fiscal lo ha reconocido: en materia de diferencial cambiario y precios de transferencia.

Cuando el artículo 81 CNPT, que establece la sanción por inexactitud del 50, 100 y 150%, señala que hay ajustes “no sancionables”. Debe entenderse que esos ajustes no sancionables responderán en muchos casos a la existencia de la eximente por interpretación discrepante pero razonable de la norma.

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